¿Cómo está usándose la inteligencia artificial para agilizar la Administración Pública?

La OCDE publicó en junio de 2025 el informe AI and the Future of Social Protection in OECD Countries, elaborado por Valerie Frey, Doron Wijker y Raphaela Hyee, que radiografía cómo se está usando la IA en la protección social y qué salvaguardas exige para no perder legitimidad pública

La OCDE concluye que los gobiernos ya emplean IA sobre todo en atención a usuarios (chatbots), automatización de back office y detección de fraude, con potencial para ampliar usos hacia analítica predictiva, intervenciones personalizadas y reducción del no acceso a prestaciones. El dato clave: solo el 40% de la ciudadanía en 27 países considera que usar IA para tramitar solicitudes es bueno para los usuarios, un termómetro de confianza que obliga a reforzar transparencia y control humano en decisiones importantes.

El propio informe subraya que los gobiernos avanzan con cautela: priorizan pilotos acotados, comparan la IA con alternativas no algorítmicas y solo escalan cuando hay garantías de seguridad vías de recurso comprensibles. Además de la percepción del 40%, menos de la mitad (44%) confía en que la IA solo se usará para evaluar solicitudes cuando sea segura y fiable, de ahí la llamada a involucrar a la ciudadanía, formar a plantilla pública para explicar decisiones y publicar inventarios y normas de uso.

En la práctica, la OCDE documenta experiencias que desatascan tareas y acercan la ayuda donde hace falta. En España ya hay ejemplos claros: en Madrid, un asistente virtual llama proactivamente a mayores de 75 años para detectar situaciones de soledad no deseada y activar seguimiento social (gracias a este cribado se han localizado más de 600 personas que necesitaban atención). En Barcelona, un algoritmo entrenado con 300.000 entrevistas analiza los casos y propone a los equipos qué recursos o derivaciones pueden encajar mejor; la decisión final sigue en manos del profesional. Son, en suma, ejemplos de una IA que apoya y no sustituye: aligera lo rutinario, mejora la detección temprana y permite que el tiempo experto se dedique a lo importante.

¿Es un error dar tanta confianza a la IA?

El informe advierte de riesgos sustantivos (privacidad, errores opacos, sesgos) y recuerda el caso neerlandés: Entre 2005 y 2019, la Agencia Tributaria de los Países Bajos utilizó un sistema automatizado para detectar posibles fraudes en las ayudas para el cuidado infantil. Ese algoritmo empleaba criterios discriminatorios, como tener doble nacionalidad o un nombre extranjero, para asignar niveles de riesgo.

Como resultado, unas 26.000 familias fueron acusadas erróneamente de fraude, obligadas a devolver sumas elevadas y, en muchos casos, quedaron endeudadas, perdieron su vivienda o su empleo; incluso más de un millar de niños fueron separados de sus padres. El escándalo llevó en 2021 a la dimisión del gobierno de Mark Rutte y en 2022 a la confirmación oficial de que hubo racismo institucional en el proceso.

¿Qué garantías debe tener la IA?

En servicios sociales, la OCDE propone un contrato de garantías claro: explicabilidad (informar cuándo se usa IA y explicar, en lenguaje llano, los factores que pesan en la decisión), revisión humana proporcional al impacto (personas capaces de corregir o detener el algoritmo cuando afecta derechos o ingresos) y vías de recurso accesibles (derecho a apelar con información comprensible y trazable). A ello suma rendición de cuentas y transparencia operativa (inventarios públicos de usos, documentación de modelos) y marcos normativos: cumplir el GDPR (que reconoce el derecho a no quedar sujeto solo a decisiones automatizadas y a revisarlas) y el AI Act (que clasifica como “alto riesgo” los sistemas que deciden elegibilidad a ayudas, exigiendo salvaguardas técnicas y organizativa). Sin estas piezas, la digitalización no gana eficiencia: pierde confianza.

La ruta de avance que propone la OCDE explica qué hace la IA y por qué añade valor frente a otras herramientas. Con estas garantías, la IA puede mejorar el acceso, acelerar decisiones y personalizar apoyos en sistemas tensionados por el envejecimiento y los recursos limitados. Sin ellos, el coste reputacional supera el beneficio operativo.

¿Cuánto invierte España en inteligencia artificial?

Las tendencias muestran como la inteligencia artificial sigue ganando terreno en la administración del estado. Según datos de la plataforma de seguimiento TendersTool (Adjudicaciones TIC) en el primer semestre de 2025, en Españan se adjudicaron unos 17,7 millones de euros en contratos de IA, repartidos en 44 adjudicaciones. La inversión estuvo muy concentrada: abril acumuló cerca de la mitad del total, y el importe medio por contrato rondó los 400.000 euros. En términos operativos, esto refleja proyectos de tamaño medio con picos mensuales asociados a grandes encargos puntuales.

Entre los principales organismos adjudicadores destacaron el Comité Central de Compras de Navantia (6,5 millones), Informática del Ayuntamiento de Madrid (2,2 millones) y la CNMC (1,46 millones). Solo estos tres concentran algo más de la mitad del gasto semestral, seguidos por el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña, la Universidad de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Fuengirola y la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid.