La robótica en España aún no está lista para cumplir la nueva Ley europea de IA

España se enfrenta al reto de trasladar la nueva Ley europea de inteligencia artificial a sus licitaciones públicas, donde ya empiezan a aparecer cláusulas que exigen transparencia, trazabilidad y control humano en los proyectos tecnológicos

Un estudio firmado por la investigadora Yoana Pita Lorenzo (Universidad de León), analiza la literatura científica reciente sobre robótica autónoma y verifica hasta qué punto las soluciones existentes encajan con las exigencias de la Ley europea de IA. Es la primera revisión de este tipo liderada desde una universidad española y sitúa el debate en clave nacional, con implicaciones directas para administraciones y empresas que preparan despliegues de robots y sistemas autónomos.

Los resultados son claros: avances en gestión de riesgos y cifrado, pero lagunas en módulos de explicabilidad, trazabilidad de la base de conocimiento y supervisión humana en tiempo real. Solo el 40% de las soluciones revisadas incorpora de forma explícita requisitos de transparencia y apenas un 30% prevé mecanismos de intervención ante fallos.

¿Por qué es tan exigente el reglamento europeo?

El Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica como alto riesgo muchos casos de robótica que interactúan con personas o con el entorno físico, y obliga a demostrar control humano, auditoría continua y gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida. Cualquier proyecto público (desde movilidad y limpieza urbana hasta asistencia sanitaria o logística) deberá poder probar ese cumplimiento.

El informe propone una vía práctica: arquitecturas modulares que integren, desde el diseño, evaluación de riesgos, auditoría continua, registro de decisiones y puntos claros de intervención humana. Esa ingeniería de cumplimiento facilitaría a ayuntamientos, consejerías y empresas concesionarias licitar y operar sistemas sin chocar con la norma.

¿Qué implicaciones tiene para España y su contratación pública?

El aterrizaje español tiene, además, un actor clave: la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA), con sede en A Coruña, que inició su actividad presencial en 2025 y será pieza central en la vigilancia del Reglamento europeo. Su despliegue institucional y recursos marcarán el ritmo de adaptación del ecosistema nacional, del sector público a las pymes tecnológicas.

En suma, la investigación desde León pone deberes: acelerar la explicabilidad en robótica, reforzar la trazabilidad de decisiones y asegurar supervisión humana efectiva en tiempo real. España llega con ventaja por su andamiaje institucional, pero necesita convertirlo en herramientas técnicas y guías operativas para que la robótica pública y empresarial cruce el listón regulatorio sin tropiezos.

¿Está la contratación pública preparada para la nueva Ley de IA?

Al hilo de este estudio, cobra especial relevancia cómo las administraciones españolas van a trasladar las exigencias del Reglamento europeo de IA a la práctica diaria de la contratación pública. Según muestra la plataforma TendersTool (antes Adjudicaciones TIC), los pliegos de licitación de proyectos tecnológicos ya no solo se centran en precio y plazos, sino que cada vez incorporan criterios vinculados a transparencia, trazabilidad de datos o mecanismos de supervisión humana. Observar cómo evoluciona esa redacción en concursos y adjudicaciones permite tomarle el pulso a la capacidad real de adaptación del sector público a la nueva normativa.

En este contexto, herramientas como TendersTool, que monitorizan de manera sistemática la contratación pública en el ámbito tecnológico, resultan útiles para identificar tendencias: qué organismos lanzan más licitaciones relacionadas con robótica o IA, qué requisitos están exigiendo y qué empresas logran adjudicárselas. Ese seguimiento ofrece una radiografía valiosa de hasta qué punto el cumplimiento normativo que marca Bruselas empieza a reflejarse en la letra pequeña de los contratos en España.