La inversión TIC pública en España durante el 2025

La inversión tecnológica pública ha bajado el ritmo en 2025, y además, cambia de prioridades. Menos compras visibles y más gasto en lo que sostiene el día a día de la Administración: servicios, mantenimiento y conectividad. Un giro silencioso que explica cómo y por qué se está digitalizando realmente el sector público

La digitalización de las administraciones públicas se ha convertido en el eje de la modernización del Estado español. Tras la aprobación del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021‑2025, que moviliza 3.165 millones de euros y reserva 970 millones para comunidades autónomas y entidades locales, los organismos estatales y regionales han acelerado el despliegue de servicios electrónicos, centros de datos y herramientas de participación ciudadana. Este esfuerzo se enmarca en la Agenda España Digital 2026, que busca situar a España entre los países más avanzados de Europa en servicios públicos digitales. El contexto de la pandemia, la disponibilidad de fondos europeos Next Generation EU y la presión social por mejorar la transparencia han contribuido a que 2023 fuera un año récord de inversión. En los ejercicios siguientes, el gasto se ha reorientado hacia la operación y la continuidad de los sistemas ya desplegados, abriendo paso a una fase de consolidación.

Radiografía de la inversión en 2025

Según datos de la plataforma TendersTool, entre enero y diciembre de 2025 las distintas administraciones adjudicaron contratos de tecnología por algo más de 4,2 mil millones de euros. Esta cifra incluye 11.921 contratos y supone una reducción del número de licitaciones respecto a 2024, pero no un abandono de la digitalización: el gasto se concentra en asegurar que las aplicaciones, las redes y los puestos de trabajo continúen funcionando. Prueba de ello es que el 60% del importe adjudicado se destina a servicios relacionados con la operación y el soporte, mientras que el hardware y el software reducen su peso relativo.

El desglose por partidas muestra la prioridad de outsourcing IT, mantenimiento y telecomunicaciones. Outsourcing, que engloba la externalización de tareas técnicas para ganar agilidad y escalar capacidades, lidera con unos 925 millones de euros; le sigue el mantenimiento de sistemas con 649 millones y los servicios de telecomunicaciones con 467 millones. Estas tres categorías absorben casi la mitad del presupuesto total y responden al objetivo de garantizar la continuidad operativa. Otros servicios, como la consultoría y la migración a la nube, suman alrededor de 400 millones y 254 millones, respectivamente. Esta última cifra ilustra el avance de la Estrategia Nacional de Servicios en la Nube, que aspira a centralizar la provisión de servicios cloud y a ganar soberanía tecnológica en colaboración con proveedores como AWS, Google y Microsoft.

Aunque el hardware deja de ser protagonista, la renovación de infraestructuras sigue siendo necesaria. En 2025 las adjudicaciones de equipos de telecomunicaciones rondan los 267 millones y se destinan a modernizar redes y ampliar la conectividad. Las partidas de microinformática y seguridad física rondan los 182 y 146 millones, respectivamente; mientras que categorías como almacenamiento y servidores se sitúan por debajo de los 45 millones. La inversión en software se centra en dos áreas: programas específicos sectoriales (historias clínicas, expedientes judiciales, gestión educativa) y plataformas de gestión corporativa (recursos humanos, contabilidad), con importes superiores a los 200 millones. El software de seguridad y la inteligencia artificial, aunque crecen, siguen representando una porción modesta del total.

Servicios: clave para la continuidad

El liderazgo de los servicios se explica por la madurez de la infraestructura pública. Outsourcing IT permite a ministerios y organismos aprovechar el know‑how de empresas tecnológicas para la gestión de centros de atención, sistemas administrativos y plataformas en la nube. Mantenimiento asegura la operatividad de aplicaciones que sustentan servicios críticos como la sanidad o la justicia. Los servicios de telecomunicaciones garantizan la disponibilidad de redes y comunicaciones en un contexto en el que la resiliencia y la protección de infraestructuras críticas adquieren mayor relevancia. A su vez, la consolidación de la consultoría demuestra que las administraciones necesitan apoyo externo para diseñar estrategias de interoperabilidad, gobernanza del dato y migración cloud.

El auge de los servicios cloud refleja el cambio de paradigma: las administraciones evolucionan desde modelos de inversión en hardware hacia consumos “as a Service”, más flexibles y escalables. La Estrategia Nacional de Servicios en la Nube y el Plan de Digitalización promueven la adopción de soluciones públicas y privadas para alojar aplicaciones y datos. Las previsiones de consultoras como IDC estiman que el gasto en nube pública en España superará los 8.271 millones de euros en 2025, dato que respalda la apuesta de las administraciones. Junto a la nube, los proyectos de robotización de procesos (RPA) comienzan a generalizarse: la Comunidad de Madrid, por ejemplo, opera 77 robots de software que han automatizado más de un millón de transacciones y ahorrado 22.000 horas de trabajo. La automatización ha mostrado un retorno rápido de la inversión y se anticipa como un área de crecimiento.

Estrategias institucionales y marcos normativos

La inversión pública no responde solo a necesidades coyunturales, sino a estrategias a medio plazo. El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021‑2025, parte del Plan de Recuperación, define proyectos concretos para construir bases sólidas (infraestructuras de datos y ciberseguridad), desarrollar soluciones de alto impacto para la ciudadanía (por ejemplo, la aplicación Mi Carpeta Ciudadana) y asegurar una administración inclusiva y multicanal. Este plan se coordina con la Agenda España Digital 2026, que actualiza la hoja de ruta de la digitalización del país y sitúa a España como el quinto país europeo en servicios públicos digitales. La creación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE, el despliegue de infraestructuras de datos sostenibles y la puesta en marcha del Datalake Sanitario son ejemplos de inversiones estructurales surgidas de esta estrategia.

En materia de regulación, la administración prepara la transposición de la Directiva NIS2, cuyo Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad se debatía en enero de 2025. La directiva amplía los sectores sujetos a supervisión, impone plazos de notificación de incidentes de 24 horas y responsabiliza a los órganos directivos de la seguridad de la información. Las sanciones pueden alcanzar los 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual de las entidades esenciales. Su entrada en vigor obligará a hospitales, operadores de transporte, centros de datos, entidades financieras y administraciones a reforzar su ciberhigiene. A pesar de ello, la inversión en software de seguridad en 2025 es todavía modesta (26 millones), lo que sugiere que la principal respuesta a la ciberamenaza vendrá en los próximos ejercicios.

Comparativa con 2024: transición y reordenación

El año 2024 puede considerarse un ejercicio de transición. Tras el pico de 2023, las adjudicaciones TIC se redujeron a alrededor de 5.000 millones de euros. Entre enero y abril se licitaron proyectos por 3.816 millones, aunque el total del primer semestre de 2025 descendió un 26% en comparación con el de 2024. El reparto del gasto mantuvo el dominio de los servicios: outsourcing y mantenimiento superaron los 1.000 millones cada uno, mientras que las telecomunicaciones se acercaron a 676 millones. La consultoría acumuló 400 millones y siguió siendo la categoría con más contratos. En hardware, las mayores partidas se destinaron a la renovación de redes (401 millones) y de microinformática (301 millones); en software, el protagonismo recayó en programas de gestión y desarrollos sectoriales, con especial énfasis en la salud y la educación.

El sector sanitario fue el principal beneficiario, con 512 millones en 2024 destinados a historias clínicas electrónicas, telemedicina y sistemas de citas. Durante los primeros siete meses de 2025 la cifra descendió a 244 millones. Las adjudicaciones se concentraron en comunidades como Andalucía (86 millones), Galicia (53 millones) y Valencia (44 millones). La educación digital también avanzó: Andalucía invirtió 207 millones en dispositivos y aulas interactivas, financiados con fondos europeos. Por otro lado, los proyectos de inteligencia artificial y robotización despegaban: el 56% de las licitaciones de 2024 estaban relacionadas con IA, aunque el presupuesto favoreció la automatización, cuyos contratos tenían importes medios un 44% superiores.

Comparativa con 2023: el pico de la expansión

El ejercicio 2023 se considera el máximo de inversión reciente. Las adjudicaciones TIC se situaron en torno a 7.300 millones de euros, con 3.950 millones destinados a servicios, 1.930 millones a hardware y 1.400 millones a software. Outsourcing IT absorbió cerca de 1.918 millones, mantenimiento 823 millones y telecomunicaciones 492 millones, cifras que duplican las de 2025. Este repunte se explicó por la llegada de los fondos Next Generation EU, la urgencia de modernizar las infraestructuras tras la pandemia y la necesidad de equipar centros de trabajo para el teletrabajo. En hardware se realizaron compras masivas de redes, dispositivos de videoconferencia y puestos de trabajo (782 millones en telecomunicaciones, 302 millones en audiovisuales y 300 millones en microinformática). El software específico (675 millones) y el de gestión (415 millones) experimentaron un auge, permitiendo digitalizar procedimientos de sanidad, justicia, hacienda y educación. La inteligencia artificial y la ciberseguridad recibieron inversiones modestas, lo que demuestra que la prioridad eran los proyectos de infraestructura.

Comparar 2023 con 2025 ayuda a entender la transición. La reducción del gasto obedece al fin de los fondos extraordinarios, al control del déficit y a la madurez de los proyectos iniciados. Sin embargo, la cifra de 4.000 millones en 2025 demuestra que la digitalización ya no es un proyecto experimental sino una parte esencial del funcionamiento del Estado.

Análisis sectorial y territorial

La distribución del gasto TIC varía según los sectores y las regiones. Sanidad lidera las adjudicaciones, con inversiones en 2024 de 512 millones para historias clínicas y telemedicina. Aunque en 2025 el importe desciende, la prioridad sigue siendo reforzar la interoperabilidad y la seguridad de los datos de salud. Educación es otro eje de gasto: Andalucía invirtió 207 millones en aulas digitales y lidera el número de contratos gracias a la Agencia Pública Andaluza de Educación. La digitalización educativa se complementa con programas de formación docente y experimentos de IA en la gestión de centros.

En cuanto al reparto regional, los datos de TendersTool muestran que el gasto se concentra en unas pocas comunidades. Entre enero y noviembre de 2025 se adjudicaron más de 4.000 millones. La Administración General del Estado (AGE) encabeza el ranking con unos 1.254 millones repartidos en menos de 100 contratos, lo que indica proyectos de gran escala. Andalucía ocupa el segundo puesto con 463 millones adjudicados, seguida de la Comunidad de Madrid con casi 700 millones. Cataluña y la Comunitat Valenciana se sitúan entre 230 y 330 millones, mientras que regiones como Navarra o La Rioja apenas superan los 10 millones. La clasificación de organismos licitadores está dominada por la Agencia Pública Andaluza de Educación (90 millones), Informática del Ayuntamiento de Málaga (70 millones) y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (60 millones).

En el ámbito de las tecnologías emergentes, las comunidades autónomas juegan un papel relevante. El Programa Eficiencia IA de la Comunidad de Madrid demuestra que la robotización de procesos ofrece ahorros inmediatos. Cataluña y Euskadi experimentan con proyectos de IA para mejorar diagnósticos médicos y servicios digitales, a la vez que implantan wallets digitales para credenciales sanitarias. La convocatoria RedCyTI 2025, impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización, destinará 87 millones a proyectos de ciudades inteligentes y gemelos digitales, y Red.es prevé movilizar otros 500 millones en convocatorias futuras, lo que augura una diversificación de las áreas de inversión.

Ciberseguridad y AI Act: desafíos a corto plazo

La llegada de la Directiva NIS2 y del AI Act europeo introduce nuevas obligaciones y oportunidades. La NIS2 amplía el número de sectores sometidos a obligaciones de seguridad, exige notificaciones de incidentes en menos de 24 horas y responsabiliza a los consejos de administración. Aunque España ha retrasado su transposición, la creación prevista de un Centro Nacional de Ciberseguridad y una plataforma unificada de notificación obligarán a aumentar las inversiones en formación, auditoría y tecnología. Por su parte, el AI Act, en vigor desde agosto de 2024, establece un enfoque escalonado basado en el riesgo. Obliga a prohibir usos inaceptables (como el reconocimiento biométrico remoto) y regula de forma estricta los sistemas de alto riesgo, incluidos los utilizados en la administración pública para tomar decisiones sobre personas. La aplicación progresiva de esta normativa requerirá que las administraciones revisen sus sistemas de IA, mejoren la transparencia de sus algoritmos y creen capacidades de supervisión humana.

Perspectivas y conclusiones

El análisis del periodo 2023‑2025 muestra que la inversión TIC pública en España ha pasado de una fase de expansión a otra de consolidación. La explosión de 2023, propulsada por los fondos europeos y la urgencia de modernizar infraestructuras tras la pandemia, dio paso a un ajuste en 2024 y a una consolidación en 2025. El protagonismo de los servicios (outsourcing, mantenimiento y telecomunicaciones) indica que las administraciones se han dotado de la infraestructura necesaria y ahora destinan recursos a su operación y mejora. La nube, la inteligencia artificial y la automatización de procesos emergen como los vectores de transformación para los próximos años, respaldados por estrategias estatales y regionales. A su vez, la ciberseguridad y el cumplimiento normativo (NIS2, AI Act) se perfilan como retos ineludibles que exigirán inversiones adicionales.

De cara a 2026, se espera que la inversión en IA se acelere gracias a la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA y a la implantación de proyectos de analítica avanzada y automatización en todas las áreas de la administración. La combinación de una infraestructura consolidada, una normativa en evolución y una conciencia creciente sobre la importancia del dato sitúa a España en una posición favorable para avanzar hacia servicios públicos más eficientes, transparentes y seguros.

Brecha digital y capacitación

El éxito de la inversión TIC no depende solo de la disponibilidad de tecnología, sino también de las personas que la utilizan. Para garantizar que los servicios públicos se adopten y se gestionen de forma efectiva, las administraciones deben invertir en capacitación digital. El programa de capacitación digital de España Digital 2026 subraya que el sector público, que representa más del 50% del PIB, actúa como tractor de la digitalización y que es crucial desarrollar las competencias digitales de los empleados públicos. El objetivo declarado es transformar los procedimientos, la relación con la ciudadanía y la cultura organizativa. Esta iniciativa incluye un diagnóstico de las competencias existentes y la puesta en marcha de planes de renovación de perfiles y programas de formación en la Administración General del Estado. Además de mejorar la eficiencia interna, la formación ayuda a reducir la brecha digital y a fomentar la confianza de la ciudadanía en los servicios en línea. Se complementa con iniciativas para aumentar la participación de pymes y garantizar que la digitalización no excluya a nadie, priorizando la accesibilidad, la ciberseguridad y el respeto a la privacidad.