¿Cuánto invierte España en ciberseguridad?

¿Cuánto invierte España en ciberseguridad?

Desde 2020, la Administración destinó 370 millones de euros a contratos de ciberseguridad (sin contar con adjudicaciones centralizadas de la DGRCC). Aunque en los últimos 3 años se ha visto una desaceleración de la inversión pública

Según datos de TendersTool, entre 2020 y 2022, se observa una aceleración significativa en el gasto público en ciberseguridad. En 2020 se realizaron 154 contratos públicos en ciberseguridad por valor de 30 millones de euros, un punto de partida que se duplicó en 2021, con 67 millones. El verdadero auge llegó en 2022, con 228 licitaciones y un desembolso de 89 millones, el máximo en estos 5 años. Cabe destacar que estas cifras no incluyen las adjudicaciones centralizadas de la DGRCC, cuya inversión adicional eleva la cifra real.

Sin embargo, en 2023 el volumen cayó a 233 contratos y 65 millones de euros, un retroceso del 27% respecto a 2022. Este ajuste marcó un cambio de ciclo, donde las iniciativas puntuales dieron paso a marcos plurianuales, con menores convocatorias, pero de mayor envergadura.

Los mayores licitadores

Entre 2020 y el primer semestre de 2025, el top de licitadores en ciberseguridad ha estado dominado por tres perfiles: agencias de seguridad, administraciones autonómicas y gestores de infraestructuras. Al inicio del periodo, organismos como INCIBE y gerencias de salud regionales coparon las primeras posiciones; más tarde, en torno a 2022–2023, emergieron con fuerza las secretarías de administración digital y operadores como Renfe o Aena; y en 2024–2025 sobresalieron agencias digitales autonómicas y universidades públicas.

Este recorrido muestra una clara evolución de prioridades: del refuerzo de capacidades de respuesta y formación (2020–2021), a la implementación de plataformas de gobierno electrónico y la protección de redes de transporte (2022–2023), y finalmente al impulso de proyectos integrales de digitalización en las comunidades autónomas (2024–2025). Cada fase refleja la adaptación a nuevas normativas (como NIS2) y a las amenazas cibernéticas emergentes.

En conjunto, estos cinco años evidencian una creciente colaboración público-privada, con contratos de mayor importe medio y un ecosistema de licitadores cada vez más sólido y especializado. El reto de los próximos semestres será consolidar esta tendencia bajo el nuevo Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2030, garantizando la continuidad de la protección de infraestructuras clave y la resiliencia digital.

Impacto de las normativas europeas

La transposición de la directiva NIS2, oficializada en julio de 2024, impulsó un repunte inesperado en el último año. Aunque el número de adjudicaciones descendió a 156, el gasto creció a 80 millones, elevando el importe medio a 514.000€ por contrato, el récord del periodo.

Esta inversión concentrada responde a la urgencia de reforzar infraestructuras críticas y cumplir plazos de la UE. Agentes públicos apostaron por soluciones integrales, desde monitorización avanzada hasta formación especializada, consolidando un ecosistema de proveedores más sólido y competitivo.

Perspectivas para el segundo semestre de 2025

Los datos del primer semestre de 2025 revelan 59 contratos y 11 millones de euros, un inicio discreto que invita a la prudencia. De mantenerse el ritmo, el volumen anual quedaría en torno a 22 millones, muy lejos de los máximos recientes.

No obstante, el contexto es prometedor: la Plan de Ciberseguridad Nacional 2025–2030, previsto para otoño, y las líneas de financiación europea podrían dinamizar el mercado. El sector privado observa esta vacación estival como una oportunidad para preparar ofertas más innovadoras y competitivas.

Esto pone en evidencia que la inversión pública en ciberseguridad en España no solo es creciente, sino también cíclica, estrechamente ligada a la agenda regulatoria y a la graduación de las amenazas. El salto de 2022, seguido de un ajuste en 2023 y de un rebote en 2024, muestra cómo las administraciones ajustan sus prioridades y plazos. Ahora, la cautela de 2025 anticipa un momento de transición, donde la puesta en marcha de nuevos marcos estratégicos marcará el ritmo de la próxima convocatoria.