¿Sabes en qué se está gastando el sector público español su presupuesto de ciberseguridad?

El informe, Radiografía de la Ciberseguridad en el Sector Público Español, de TendersTool/AdjudicacionesTIC sobre las licitaciones de ciberseguridad de 2025 revela el nuevo informe del gasto público: menos proyectos aislados, más contratos millonarios de identidad digital, protección de datos y servicios gestionados, con los municipios como grandes protagonistas y fuertes diferencias entre comunidades autónomas.

En apenas unos años, la ciberseguridad ha pasado en las administraciones de ser un extra para la informática a convertirse en un servicio crítico al nivel del suministro eléctrico o las telecomunicaciones. El aumento de los riesgos, la digitalización masiva de trámites y la presión regulatoria han obligado a rediseñar presupuestos, estructuras y prioridades tecnológicas en todo el sector público español.

El estudio de TendersTool, basado en las licitaciones tecnológicas de 2025, constata ese giro. Las administraciones ya no se limitan a renovar antivirus o firewalls: ahora compran servicios continuos de vigilancia, soluciones integrales para proteger el dato y plataformas de gestión de identidades capaces de soportar entornos híbridos, trabajo remoto y una ciudadanía que exige acceso digital permanente.

Un mercado impulsado desde abajo

El mapa institucional de las licitaciones muestra un mercado que se mueve desde abajo. Las entidades locales generan casi la mitad (46%) de los expedientes relacionados con ciberseguridad, un indicador del dinamismo municipal. Cada ayuntamiento, por pequeño que sea, necesita reforzar webs, sedes electrónicas, redes internas y sistemas de gestión, lo que se traduce en un reguero constante de concursos de menor tamaño, pero muy numerosos.

En dinero contante y sonante, los municipios rondan los 58 millones de euros invertidos, por delante incluso de la Administración General del Estado, que se aproxima a los 50 millones. El Estado lanza menos licitaciones, pero de mayor calado técnico y económico, vinculadas a ministerios y organismos con altos requisitos de protección. Las comunidades autónomas completan el podio con alrededor de 40 millones destinados a blindar servicios tan sensibles como hospitales, centros educativos o plataformas de servicios sociales.

Fuera de esos tres niveles, la categoría de otras entidades apenas suma algo más de 15.000 euros, una señal de que el núcleo de la decisión de compra se mantiene en manos de las administraciones clásicas. La fotografía final es la de un mercado ampliamente distribuido, pero con fuerte protagonismo municipal y una AGE y unas autonomías que aportan proyectos de gran complejidad.

De los antivirus al SOC: cambio de prioridades

Cuando se observa el reparto del volumen económico por categorías, el cambio de prioridades queda cristalino. Seguridad/RGPD se sitúa en cabeza con un 38% del importe licitado, síntoma de que las instituciones están volcadas en reforzar procesos, herramientas y auditorías que garanticen el cumplimiento y la protección de la información sensible. Muy cerca aparece la protección endpoint (26%), clave para cerrar la ventana de entrada que suponen miles de ordenadores y dispositivos distribuidos.

Los firewalls conservan un 17% del pastel, demostrando que el perímetro sigue teniendo un papel relevante, aunque complementado por modelos de seguridad más distribuidos. Los servicios de ciberseguridad gestionada (SOC) reúnen un 12%, porcentaje modesto pero que gana peso si se tiene en cuenta el importe medio de los contratos. Cierran el listado la seguridad perimetral (4%) y la gestión de identidades (3%), categorías que, pese a su menor peso porcentual, son esenciales para completar las capas de defensa.

Sin embargo, al ordenar las categorías por importe total las tornas cambian. Gestión de identidades se convierte en la gran protagonista, con cerca de 45 millones de euros adjudicados, por delante de Seguridad/RGPD (unos 35 millones) y de los servicios SOC, que rozan los 30 millones. Antivirus y firewalls se quedan en el entorno de los 20 millones, mientras que la seguridad perimetral figura como la partida más modesta.

España en clave territorial: líderes y rezagados

El tamaño medio de los contratos explica parte de esta aparente contradicción. Los proyectos de identidad digital superan los 3 millones de euros de media, lo que apunta a despliegues corporativos complejos, integrados con múltiples aplicaciones y pensados para soportar la administración electrónica de forma unificada. Los servicios SOC se mueven entre 700.000 y 800.000 euros por licitación, con acuerdos de varios años y un alto grado de especialización. El resto de las categorías se reparte entre los 100.000 y 300.000 euros, típicos de renovaciones tecnológicas o ampliaciones de capacidad.

El reparto por comunidades autónomas introduce otro factor clave para el mercado. Cataluña y Andalucía encabezan el ránking en número de procedimientos, configurándose como dos grandes polos de demanda. Les siguen Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia, con una actividad significativa pero más contenida. En estos territorios, la combinación de tamaño administrativo, ecosistema digital y disponibilidad de recursos genera un flujo estable de concursos.

En la parte baja del mapa, varias comunidades del norte y del interior apenas registran licitaciones de ciberseguridad. El resultado es un escenario territorialmente asimétrico, con regiones muy maduras y otras prácticamente vírgenes. Para los proveedores, este desequilibrio abre una doble vía de negocio: consolidarse en los mercados más activos y explorar las zonas de baja actividad, donde el potencial de crecimiento puede dispararse si llegan nuevos programas de digitalización o fondos específicos.

Al final, el análisis de TendersTool dibuja a unas administraciones que han entendido que la seguridad ya no es una opción. La apuesta por grandes proyectos de identidad digital, el refuerzo del RGPD y la contratación de servicios SOC de alto valor añadido anticipan un escenario en el que la ciberseguridad se integra en la columna vertebral de lo público, y en el que la competencia por acompañar ese proceso será cada vez más intensa.

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