¿Quiénes protagonizan la inversión en software público en España?

Según datos de TendersTool, las administraciones españolas aceleran su apuesta por el software: 1.322 millones invertidos en 2024 y otros 491 millones en el primer semestre de este año. Tras esta avalancha de contratos, destacan la Agencia Digital de Andalucía y Madrid Digital, entre otros organismos que empujan la modernización con fondos europeos

España apostó con fuerza por la digitalización en 2024 y sigue haciéndolo en 2025. Según datos de la plataforma TendersTool (anteriormente Adjudicaciones TIC), en el pasado ejercicio las administraciones adjudicaron 4.804 contratos de software por valor de 1.322 millones de euros y en el primer semestre de 2025 suman ya 1.628 contratos por 491 millones. Todos esto sin incluir datos centralizados de la DGRCC (Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación).

Tras la pandemia, el sector público se ha volcado en transformar sus sistemas gracias a los fondos europeos Next Generation y a la agenda España Digital 2026, que destinan miles de millones a infraestructuras, servicios en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad. Detrás de este volumen de contratos aparecen agencias públicas que lideran la modernización y una élite de proveedores tecnológicos, entre ellos una gran multinacional española de telecomunicaciones, consultoras internacionales y firmas de software especializadas.

Andalucía y Madrid se llevan la mayor parte

En 2024 una parte sustancial del gasto en software la concentraron organismos andaluces y madrileños. La Agencia Digital de Andalucía (ADA), nacida para convertir a la Junta en una administración completamente digital para 2030, fue el adjudicador con mayor peso (más de 13 contratos y cerca de 66 millones). Su estrategia cuenta con un plan plurianual de 2.600 millones que persigue dotar de identidad digital soberana a la ciudadanía, añadir servicios en la Carpeta Ciudadana y reforzar la ciberseguridad.  A ese esfuerzo se sumó la Agencia Pública Andaluza de Educación, que en el primer semestre de 2025 lideró la inversión pública en TIC con un gran concurso para equipar las aulas con paneles digitales a fin de reducir la brecha digital entre estudiantes.

La Comunidad de Madrid tampoco se quedó atrás: su Agencia para la Administración Digital (Madrid Digital) fue el segundo gran comprador de software en 2024. Este organismo, dependiente de la Consejería de Digitalización, gestiona más de 1.800 sistemas de información y presta servicios como el pago de impuestos o la admisión escolar a 218.000 empleados públicos. Madrid es la única región con un ministerio específico de digitalización, lo que explica su protagonismo en contrataciones.

Proyectos que transforman sectores clave

Otro de los grandes adjudicadores fue la Dirección Económico‑Financiera de la infraestructura del Ministerio de Defensa, que destinó más de cuarenta millones a modernizar sus sistemas. También sobresalieron las cadenas de radiotelevisión pública (RTVE y Canal Sur), obligadas a renovar sus plataformas digitales y a competir en un mercado audiovisual cada vez más exigente. En 2025 irrumpieron asimismo las consejerías de salud de Castilla‑La Mancha y Cantabria, que adjudicaron proyectos de digitalización sanitaria por más de 12 millones cada una. Estos contratos no solo buscan informatizar expedientes clínicos o implantar la receta electrónica, sino que incluyen servicios de ciberseguridad y centros de operaciones 24/7 para proteger los datos personales.

Al margen de las administraciones autonómicas, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) protagonizó otra licitación destacada en 2025. Este banco público, dependiente del Ministerio de Economía, gestiona líneas de financiación para pymes y proyectos que fomentan la cohesión y la redistribución de la riqueza. Su concurso de software buscaba modernizar las plataformas que canalizan créditos europeos y gestionar la avalancha de solicitudes motivada por los fondos Next Generation. En Galicia, la Agencia para la Modernización Tecnológica (Amtega) reforzó su papel como cerebro digital de la Xunta, mientras que, en Andalucía el Consorcio Fernando de los Ríos, centrado en la sociedad de la información y la alfabetización digital, escaló posiciones con un contrato para desplegar conectividad en municipios rurales.

Los proveedores: del call center a la nube

En el lado de los proveedores, el grueso de los encargos recayó en un puñado de grandes compañías, la mayoría extranjeras, que se han beneficiado del impulso público a la digitalización. A la cabeza figura la división tecnológica de la mayor operadora de telecomunicaciones del país, seguida de consultoras como Inetum, NTT Data, Indra o Oracle y de integradores especializados. Sus contratos van desde el suministro de licencias hasta la implantación de servicios de atención multicanal, pasando por desarrollos a medida y proyectos de inteligencia artificial. El dinamismo del mercado ha atraído además a proveedores más pequeños que ofrecen soluciones muy concretas, como la automatización de trámites o el análisis de datos, lo que ha diversificado la base de adjudicatarios.

Este boom de licitaciones coincide con el interés de las multinacionales por invertir en España. Microsoft, por ejemplo, anunció que cuadruplicará sus inversiones en inteligencia artificial y nube en España hasta 2.100 millones de dólares entre 2023 y 2025. Ese contexto de competencia público‑privada, junto con la lluvia de fondos europeos (España recibirá unos 140.000 millones entre subvenciones y préstamos), explica que las contrataciones de software estén al alza y que las administraciones compitan por atraer proyectos estratégicos.

Aunque los contratos de 2024 y 2025 se reparten entre decenas de entidades y proveedores, la tendencia es clara: la digitalización se ha convertido en un eje prioritario para la modernización del país. Con la mayoría de los grandes adjudicadores y proveedores invirtiendo en identidad digital, aulas inteligentes, salud digital y ciberseguridad, el reto ahora es que esa revolución tecnológica llegue de manera homogénea a todas las administraciones y ciudadanos. Lo que empezó como una respuesta al shock de la pandemia se ha transformado ya en una carrera de fondo para construir una España más digital, competitiva e inclusiva.