Madrid impulsa un Comité de Ética para regular el uso de IA en su Administración

La Comunidad de Madrid ultima el Anteproyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA), con el que pretende recortar trámites mediante automatización y agentes de IA, fijando como objetivo que ciertas gestiones se completen en menos de cinco minutos, con garantías de supervisión humana, transparencia, ciberseguridad y protección de datos.

La Comunidad de Madrid ha comunicado la puesta en marcha de un Comité de Ética de Inteligencia Artificial y una batería de soluciones basadas en IA para acelerar la tramitación administrativa. La meta es reducir los tiempos de respuesta y que el ciudadano pueda cerrar determinadas gestiones en menos de cinco minutos. Para ello, el plan se apoya en automatizar tareas repetitivas, desde el prerrellenado de formularios hasta la detección de errores o la elaboración de borradores, con el doble propósito de mejorar la experiencia del usuario y descargar de trabajo mecánico a la Administración.

El anuncio se encuadra en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA). Según el calendario descrito, el Gobierno regional iniciará una fase de circulación del texto en órganos internos vinculados a la transformación digital para recabar aportaciones, antes de abrir consulta pública y elevarlo después al Consejo de Gobierno. La intención es que llegue a la Asamblea de Madrid durante el primer semestre del año. La norma se presenta como un paso hacia una Administración más accesible y proactiva, capaz de anticipar necesidades con avisos sobre ayudas o subvenciones y de evitar que el ciudadano tenga que aportar reiteradamente los mismos datos.

Claves operativas del nuevo instrumento

En el terreno práctico, la LADIA ordena el uso de canales electrónicos y herramientas ya implantadas en el ecosistema digital autonómico, como Cuenta Digital y los sistemas de identificación y firma. A ello se sumaría el despliegue de agentes de IA para simplificar la relación con la Administración. El texto también contempla un archivo electrónico único pensado para reforzar la autenticidad, conservación, confidencialidad y disponibilidad de los documentos, un elemento relevante para la trazabilidad de los expedientes y la seguridad jurídica.

El esquema de gobernanza anunciado busca combinar innovación con garantías. La Oficina de Impulso a la Inteligencia Artificial asumiría funciones de coordinación y supervisión, con atención a la transparencia, la protección de datos personales y el respeto de los derechos fundamentales. Se insiste en la necesidad de supervisión humana y en que la adopción de IA no se plantea como una vía para eliminar empleo, sino para reorientar recursos hacia tareas de mayor valor.

La hoja de ruta incorpora, además, un refuerzo de infraestructuras digitales y de ciberseguridad, con medidas de prevención y respuesta ante incidentes y el impulso a iniciativas específicas como Escudo Digital. A esto se añade el compromiso con la formación tecnológica continuada, dirigida a empleados públicos, ciudadanía y empresas, y con el estímulo del ecosistema regional de innovación mediante programas de investigación, centros de excelencia y apoyo a pymes, startups y universidades.

Lo que muestran los datos de TendersTool sobre esta transformación

En paralelo, la orientación del proyecto se alinea con una dinámica ya consolidada en la contratación TIC: el énfasis no se limita a la adquisición de nuevas soluciones, sino que prioriza la continuidad operativa y la modernización del funcionamiento digital, mantenimiento, externalización de servicios, telecomunicaciones, cloud y software de gestión.

En este marco, plataformas de inteligencia de mercado como TendersTool permiten analizar con precisión la evolución del gasto público por áreas tecnológicas, identificar patrones de adjudicación y dimensionar el peso relativo de cada segmento. Esa lectura comparativa aporta contexto para evaluar iniciativas como la LADIA no solo desde el plano normativo, sino en función de las prioridades reales de inversión, la distribución presupuestaria y el ritmo efectivo de adopción tecnológica en la Administración