La Secretaría de Función Pública celebra que la ley de transparencia española se ajuste al Convenio de Tromso

El Grupo de Acceso a la Información del Consejo de Europa reconoce que la normativa española sobre transparencia cumple con el Convenio de Tromso y destaca avances en acceso a documentos públicos. Sin embargo, recomienda simplificar aún más los procedimientos y recortar los plazos para atender solicitudes.

En un informe publicado el 10 de diciembre, el grupo internacional que vigila la correcta aplicación del Convenio de Tromso (tratado que reconoce el derecho de cualquier persona a acceder a documentos oficiales) afirma que la ley española de transparencia es acorde, en líneas generales con el convenio. La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, subrayó que el texto valora la transparencia proactiva, la formación de los empleados públicos y la mejora de los sistemas de gestión documental, que son claves para una administración abierta.

El informe del Grupo de Acceso a la Información reconoce que la ley española incluye a todos los organismos públicos y que las limitaciones al acceso se ajustan en su mayoría a las permitidas por el tratado. También celebra que las solicitudes de información se evalúen individualmente y que no se exija una tramitación farragosa. No obstante, insta a reconsiderar las disposiciones que autorizan a las administraciones a denegar el acceso a documentos auxiliares (como borradores, informes u opiniones internas). Asimismo, propone acortar los plazos de respuesta para que los ciudadanos reciban la información en menos tiempo.

Análisis de ciberseguridad y telecomunicaciones

La transparencia en la gestión pública se extiende a sectores sensibles como la ciberseguridad y las telecomunicaciones. TendersTool, portal especializado en mercado público tecnológico, publicó un estudio sobre la presencia de grandes proveedores en 477 procedimientos de ciberseguridad, donde analizó el peso de fabricantes como Fortinet, Palo Alto, Check Point o CrowdStrike. El informe detalla que el 69 % de los contratos corresponden a administraciones autonómicas y locales y clasifica las adjudicaciones por categorías (firewalls, centros de operaciones de seguridad, etc.). Estos datos permiten identificar dónde se concentran las inversiones y qué tecnologías son prioritarias para las distintas regiones.

TendersTool no solo examina la ciberseguridad; también analiza el mercado de telecomunicaciones. Un artículo reciente señala que entre enero y septiembre de 2025 se adjudicaron 3.313 millones de euros en más de 10.000 contratos TIC, y que 2024 cerró con 5.741 millones adjudicados. La plataforma ofrece filtros de búsqueda avanzados, gráficos interactivos y alertas sobre la expiración de contratos, lo que la convierte en un recurso clave para conocer el panorama de inversión en tecnología pública. En un momento en que el Estado afianza sus compromisos de transparencia, el uso de herramientas como TendersTool contribuye a una supervisión más informada de la contratación en ámbitos estratégicos como la ciberseguridad y las telecomunicaciones.