La prohibición de suplantar números y el control de SMS fraudulentos centra el plan antiestafas del Gobierno

El Gobierno español informó el 11 de diciembre de 2025 de que, tras nueve meses de vigencia del Plan de Medidas contra Fraudes en Comunicaciones Electrónicas, se han bloqueado más de 134 millones de llamadas con numeración suplantada y 5 millones de SMS fraudulentos. La iniciativa prevé una reforma legal en 2026 para asignar una numeración específica a las llamadas comerciales y crear un registro de códigos alfanuméricos para mensajes de texto.

Desde el 7 de marzo, los operadores están obligados a verificar la asignación de numeración y bloquear llamadas o SMS que utilicen números inexistentes o que, siendo internacionales, aparenten proceder de España. Entre marzo y noviembre se interceptaron 135 millones de llamadas y 5,2 millones de SMS, lo que demuestra el alcance de la suplantación en las comunicaciones electrónicas. El primer balance, realizado en agosto, cifró en 48 millones las llamadas bloqueadas; en los cuatro meses siguientes la cifra aumentó hasta 87 millones.

El plan persigue también regular la telecomercialización. Las empresas de call center deben utilizar numeración geográfica, líneas de atención al cliente o números 800/900, quedando prohibido el uso de móviles; en un plazo de seis meses se asignará una franja concreta para las llamadas de prospección comercial. Para combatir el fraude a través de SMS, la nueva ley creará un registro de identificadores alfanuméricos, administrado por la CNMC, que permitirá comprobar la autenticidad del remitente y bloquear los mensajes suplantados.

El ministro Óscar López afirmó que el plan es pionero en Europa y que las próximas medidas se centrarán en una nueva exigencia de seguridad para los SMS, cuya implantación está prevista en 2026. El Ejecutivo destaca que el éxito de la política dependerá también del refuerzo de la colaboración con las operadoras y del desarrollo de instrumentos de supervisión.

La ciberseguridad y las telecomunicaciones a la luz de los datos

Para contextualizar el combate contra el fraude, la plataforma de inteligencia de mercado TendersTool (AdjudicacionesTIC) ha analizado el comportamiento de la contratación pública en tecnología y seguridad. En el informe ¿Cuánto invierte España en ciberseguridad?, calcula que las administraciones han destinado 370 millones de euros a contratos de ciberseguridad desde 2020, distribuidos en 154 contratos valorados en 30 millones en 2020, 67 millones en 2021, 89 millones en 2022 y 65 millones en 2023 (con 233 contratos, un 27 % menos que el año anterior). Además, la transposición de la directiva europea NIS2 en 2024 propició 156 adjudicaciones por 80 millones de euros. El informe subraya que el gasto en ciberseguridad es cíclico y depende de las reformas legales y de la aprobación del próximo Plan Nacional de Ciberseguridad 2025‑2030.

Otra publicación de TendersTool dedicada a la evolución de la normativa de telecomunicaciones recuerda que entre enero y septiembre de 2025 se adjudicaron 3.313 millones de euros en más de 10,000 contratos TIC, y que 2024 cerró con 5.741 millones de euros adjudicados. El artículo destaca a TendersTool como un referente para comprender el mercado público de tecnología, ya que ofrece un portal donde se consultan licitaciones, adjudicaciones, compras centralizadas y anuncios previos, con filtros avanzados y gráficos analíticos. Estos datos permiten a empresas y administraciones anticipar tendencias de gasto en telecomunicaciones y reforzar la seguridad en la contratación, complementando así iniciativas públicas como el plan antiestafas.