España y ocho países europeos fijan prioridades para una nueva Ley de Chips

España, junto a otros ocho países de la coalición SEMICOM, ha presentado a la Comisión Europea una declaración con prioridades para la revisión de la Ley Europea de Chips, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del semiconductor en el continente

La declaración, entregada en Bruselas el 29 de septiembre de 2025, plantea cinco líneas de acción: intensificar la colaboración entre industria e investigación (incluidas pymes y ‘startups’), armonizar y acelerar la financiación combinando recursos públicos y privados, impulsar el talento europeo, favorecer el desarrollo de chips alineados con la transición ecológica y estrechar la cooperación internacional con socios afines para una cadena de suministro resiliente.

Durante la coalición se declaró que los semiconductores son columna vertebral de sectores estratégicos impulsados por la IA y la digitalización (como automoción, telecomunicaciones, defensa, servicios informáticos, ciencias de la vida o energía) y que asegurar una posición sólida europea es “fundamental para el liderazgo tecnológico y la resiliencia a largo plazo”.

La coalición SEMICOM (integrada por Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Países Bajos) se constituyó en marzo de 2025 para reforzar la competitividad europea en chips. En España, el compromiso se articula a través del PERTE CHIP (más de 12.000 millones de euros) y de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), creada en julio de 2024 para gestionar ese fondo y otros instrumentos como Next Tech, promoviendo coinversión público-privada.

La inversión pública en componentes tecnológicos

Además de las iniciativas regulatorias a escala europea, España mantiene un flujo constante de inversión pública en componentes tecnológicos. Según la plataforma TendersTool (antes Adjudicaciones TIC), en 2024 se adjudicaron 110 millones de euros en 2024, repartidos en 737 adjudicaciones. Entre los principales licitadores de estos productos de hardware destacaron la Agencia Pública Andaluza de Educación (27 millones; 49 contratos), Informática del Ayuntamiento de Madrid (18 millones) y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (11 millones; 5 contratos). Esto sin incluir compras centralizadas de la DGRCC.

En 2025 (enero–septiembre), el importe adjudicado asciende a 98 millones de euros en 343 adjudicaciones. En cuanto a las adujudicatarios (proveedores) con mayor volumen, sobresalen Econocom Products & Solutions (21 millones; 36 contratos), Inforein que registra una gran operación individual (18 millones; 1 contrato), he Infoser New Technologies (12 millones; 2 contratos), Estas cifras muestran que el impulso institucional en semiconductores convive con un ritmo sostenido de inversión pública en componentes tecnológicos, con foco en educación, administración local y servicios TIC.