España pide competir en inteligencia artificial, pero sin recortar derechos

España volvió a defender este 4 de diciembre, en el Grand Continent Summit celebrado en el Valle de Aosta (Italia), que la carrera de la inteligencia artificial debe acelerarse en Europa sin renunciar a derechos digitales ni a la seguridad

El mensaje, trasladado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, apuesta por un modelo europeo que sea a la vez competitivo y sostenible, con efectos directos en la estrategia española de innovación, regulación y contratación pública tecnológica.

Europa, viene a decir el Gobierno, no puede quedar reducida al papel de usuaria de tecnologías diseñadas fuera: debe levantar capacidades propias para no depender de terceros en un ámbito decisivo para la economía, la administración y la seguridad. En ese marco, el ministro Óscar López situó el modelo europeo como alternativa frente a los enfoques de Estados Unidos y China, destacando que la competitividad no exige desarmar las garantías, sino integrarlas como parte de la confianza del sistema.

El planteamiento encaja con una idea de fondo: convertir la regulación en ventaja comparativa. Para España, alinearse con ese enfoque supone reforzar el despliegue de IA en el sector público y en la industria con un estándar que prioriza protección de menores, datos y ciberseguridad, al tiempo que reclama velocidad para no perder tracción económica frente a los grandes polos tecnológicos.

Menos burocracia, no menos reglas

La nota ministerial recoge el respaldo a la intención de la Comisión Europea de simplificar normativa digital, pero con un matiz explícito: simplificar no es desregular. La frase resume el equilibrio que se juega la UE, entre reducir fricciones administrativas y mantener controles efectivos en un terreno (IA, datos, plataformas) donde los impactos sociales y económicos se han vuelto estructurales.

En esa misma línea, el Gobierno enlazó el debate tecnológico con la calidad democrática. El comunicado recuerda propuestas planteadas por Pedro Sánchez en Davos frente a la desinformación: poner fin al anonimato en redes, exigir transparencia de algoritmos y establecer responsabilidades para directivos de plataformas cuando se incumpla la ley, con el objetivo de aumentar trazabilidad y rendición de cuentas en el ecosistema digital.

Eficiencia energética y soberanía tecnológica

El documento también introduce el argumento de la sostenibilidad como factor competitivo. Entre los ejemplos mencionados aparece la empresa española Multiverse, señalada por su capacidad de comprimir grandes modelos de lenguaje hasta en un 95%, una vía para rebajar costes y consumo energético en un momento en que la potencia de cómputo se ha convertido en un recurso estratégico.

La lectura política es clara: si Europa quiere competir, no basta con regular; tiene que innovar en eficiencia y producto. La referencia a tecnologías que reducen el peso y la demanda energética de los modelos refuerza la narrativa de una IA que crece sin disparar el impacto ambiental y que, además, mejora la autonomía tecnológica del continente, un punto cada vez más presente en las agendas nacionales.

La huella del gasto público en IA

La discusión sobre modelos y derechos tiene, además, un termómetro concreto: la contratación pública. De acuerdo con datos compilados por TendersTool (antes Adjudicaciones TIC), desde 2024 las administraciones españolas han adjudicado 46,3 millones de euros en proyectos de inteligencia artificial (sin incluir adjudicaciones centralizadas de la DGRCC), repartidos en 29,5 millones en 2024 y 16,8 millones hasta junio de 2025; la misma fuente señala que en 2024 el 56% de los procedimientos analizados estaban vinculados a IA, aunque a menudo con importes contenidos y carácter piloto.

Ese tipo de cifras procede de una plataforma orientada a licitaciones y adjudicaciones tecnológicas: TendersTool agrega convocatorias de múltiples niveles de la administración, facilita el seguimiento documental y ofrece un repositorio que declara superar los 800.000 documentos, apoyado por una asistente basada en IA (“LucIA”) para búsqueda y filtrado. Con análisis específicos sobre IA en el sector público (por ejemplo, la estimación de unos 30 millones de euros adjudicados en 2024 en 99 proyectos), la herramienta aporta contexto cuantitativo para medir cómo se está materializando, en euros y contratos, la apuesta por una IA competitiva y con garantías.