España destina un tercio del nuevo presupuesto en defensa a la ciberseguridad

España ha alcanzado este año el 2% de su producto interior bruto (PIB) en gasto militar. Para lograrlo, el Gobierno ha puesto en marcha un plan que moviliza 10.471 millones de euros en 2025; de ellos, 31% (unos 3 260 millones) se destinará a desarrollar y adquirir nuevas capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad

El nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa parte de un compromiso adoptado por los aliados de la OTAN en la cumbre de Gales de 2014. La prioridad tecnológica de estos nuevos presupuestos se traduce en la modernización de redes cifradas, nuevos satélites, antenas, radares, servicios de nube 5G e inteligencia artificial, lo que sitúa la ciberdefensa en el centro de la nueva estrategia española.

El cumplimiento del 2% del PIB supone un hito para España, que en 2014 apenas invertía el 0,93% y que en 2024 destinó el 1,43%. La OTAN estima que el país dedicó 33.123 millones de euros a defensa en 2025, un incremento del 45% respecto a 2024. Pese al avance, el informe de la Alianza recuerda que España continúa en el grupo de países que menos invierten: Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal también cumplen el 2%, mientras que otros diez socios ya superan el 2%. El mismo informe apunta que la OTAN prepara un nuevo objetivo del 5% (3,5 % en gasto militar y 1,5 % en seguridad), lo que aumenta la presión sobre Moncloa.

Cómo se reparten los 10.471 millones

El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, remitido a la Unión Europea y a la OTAN en abril de 2025, estructura la inversión en varias partidas. La mayor parte (35%) reforzará las condiciones laborales y el equipamiento de las Fuerzas Armadas. El 31% se consagrará a nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad, lo que implica modernizar comunicaciones cifradas, adquirir satélites, antenas y radares, reforzar la nube 5G e incorporar inteligencia artificial y computación cuántica. Otras partidas incluyen un 19% para fabricar o comprar nuevos instrumentos de defensa, un 17% para reforzar la capacidad de respuesta frente a emergencias y desastres naturales, y un 3% para garantizar la seguridad de las misiones de paz.

Objetivos estratégicos y ejecución

El Ejecutivo defiende que el plan no solo persigue aumentar el gasto, sino modernizar las capacidades de disuasión y consolidar a España como socio fiable. Entre sus objetivos figuran: modernizar las capacidades de defensa ante amenazas híbridas, consolidar el papel de España en la UE y la OTAN, impulsar la innovación en tecnologías duales (IA, big data, robótica, cuántica, espacio y biotecnología), fomentar una industria de seguridad y defensa robusta y favorecer la cohesión territorial. El plan se financiará mediante créditos del Plan de Recuperación europeo y ahorros presupuestarios, sin incrementar impuestos. Se prevé crear más de 96.000 empleos directos e indirectos y generar un impacto adicional del 0,4% al 0,7% del PIB.

El Plan Industrial forma parte de un esfuerzo más amplio en materia de ciberseguridad. El 6 de mayo de 2025 el Consejo de Ministros aprobó un paquete adicional de 1.157 millones de euros para reforzar las capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa, complementario al Plan Nacional de Ciberseguridad de 2022. El ministro Óscar López subrayó que en 2024 se registraron más de 100.000 ciberataques, incluidos incidentes muy graves, y que el objetivo del nuevo paquete es proteger infraestructuras críticas y adaptarse a la inteligencia artificial y a la computación cuántica.

Una urgencia geopolítica

El salto presupuestario responde a un contexto geopolítico más inestable. La invasión rusa de Ucrania, los conflictos en el Sahel y el aumento de ciberataques han llevado a Europa a asumir mayor responsabilidad en su defensa. La Comisión Europea ha propuesto movilizar hasta 800.000 millones en proyectos comunitarios de innovación y defensa, mientras que los aliados de la OTAN presionan para elevar el gasto al 5%. España ha cumplido al alcanzar el 2% y, en palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, “sin recortar el gasto social”.

La ciberseguridad: un área en auge

Los últimos informes de TendersTool (antes Adjudicaciones TIC) muestran un crecimiento sostenido de la inversión pública en ciberseguridad. Según su barómetro para 2023, las administraciones españolas aumentaron sus inversiones en infraestructuras, aplicaciones y servicios de ciberseguridad un 30% respecto al año anterior, hasta 300 millones de euros repartidos en 1.016 adjudicaciones. De ese total, 289 millones procedieron de procesos de contratación ordinarios, mientras que 8,38 millones se canalizaron mediante compras centralizadas y sistemas dinámicos de adquisición gestionados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

En 2024, la inversión volvió a ser elevada, aunque algo menor: 285 millones de euros en proyectos de ciberseguridad, con 145 millones destinados por la Administración General del Estado, 102 millones por las comunidades autónomas y 38 millones por las entidades locales. El ranking de organismos inversores lo lidera la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), con 49 millones, seguida por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad del Ministerio del Interior (23,63 millones;) y RENFE (10,27 millones).

El informe identifica proyectos emblemáticos como el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para entidades locales (50 millones) y servicios de seguridad TIC para la Dirección General de la Policía. Para 2025 se prevén más de 460 actuaciones por más de 110 millones de euros, con un protagonismo de INCIBE (20 contratos por 16 millones), RENFE (10,5 millones) y Correos (5,5 millones).

Un mercado atomizado y en expansión

Otra investigación de TendersTool, muestra que la contratación de servicios tecnológicos por parte del sector público superó los 1.300 millones de euros en 2024. El mercado está equilibrado entre administraciones: un 35% de las licitaciones correspondieron a organismos locales, un 34% a gobiernos autonómicos y un 31% a la Administración General del Estado. Esta distribución evidencia que la digitalización (y con ella la ciberseguridad) alcanza ya a ayuntamientos y diputaciones. El informe destaca además que el volumen de contratos de soporte técnico, mantenimiento de aplicaciones y asistencia especializada superó los 445 millones de euros y que los principales contratantes fueron la Agencia Digital de Andalucía, ADIF y SANDETEL.

De cara a 2025‑2026, las perspectivas son de crecimiento: el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021‑2025, dotado con 3.165 millones, prioriza proyectos de ciberseguridad (centros de operaciones, monitorización y protección frente a ataques), servicios en la nube e inteligencia artificial.

En la lista de licitadores destaca el Ministerio de Defensa, que supera 41 millones repartidos en 35 contratos; le siguen INCIBE, con cerca de 23 millones en 17 adjudicaciones, y la Agencia Digital de Andalucía, con más de 15 millones. También figuran la Gerencia Informática de la Seguridad Social, Aena, EJIE, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el Principado de Asturias, la gallega Amtega y Renfe, todos con cifras entre 4 y 14 millones. En el lado de los proveedores, el ranking lo encabeza Indra (unos 22 millones en 25 proyectos), seguida de la UTE Inetum‑Solutia (15 millones), S21sec (más de 11 millones), S2 Grupo (7 millones) y consultoras como EY, Evolutio, Axians, NTT y Fujitsu, que se mueven en la franja de 4 a 6 millones