España amplía plazos para llevar Internet rápido y 5G a todo el país

España destina 15 mil millones de euros del Plan de Recuperación al Componente 15, con el que busca extender la banda ancha, reforzar la ciberseguridad y desplegar el 5G en todo el país. Financiado en gran parte por fondos europeos, lo lidera el Ministerio de Asuntos Económicos dentro de la agenda España Digital 2025

El Componente 15 (denominado oficialmente “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G”) tiene como objetivo “garantizar la conectividad en todo el territorio nacional, liderar el despliegue de redes 5G y posicionar a España como un hub internacional en ciberseguridad”, según la documentación del PRTR.

En la práctica, esto significa llevar la banda ancha de muy alta velocidad a toda la población, incluidas las zonas rurales, cerrando la brecha digital territorial, económica y social.

El Gobierno ha decidido ampliar los plazos de ejecución y justificación de los programas ÚNICO-Banda Ancha y ÚNICO 5G Backhaul para dar más margen a las empresas adjudicatarias. Con la nueva normativa, los proyectos podrán ejecutarse hasta el 15 de abril de 2026 y justificarse hasta el 16 de mayo de 2026, con la posibilidad de una prórroga excepcional hasta el 30 de junio de 2026 si concurren causas sobrevenidas.

Para lograr estas metas, el componente se apoya en dos planes de ejecución fundamentales. Por un lado, el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales orientado a expandir la banda ancha y mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones. Este plan prevé 4,3 millones de euros de inversión pública hasta 2025, de los cuales 2.000 millones provienen del PRTR. Por otro lado, la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G acelerará el despliegue temprano de redes de quinta generación, fomentando proyectos piloto y eliminando barreras normativas. 

Ambas iniciativas forman parte de la agenda España Digital y son el vehículo para canalizar las reformas e inversiones del Componente 15. De hecho, este componente es de naturaleza transversal, pues reúne todas las inversiones en conectividad digital y 5G financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU). Entre sus actuaciones destacan la nueva Ley General de Telecomunicaciones (ya aprobada en 2022 para simplificar despliegues), los programas ÚNICO para llevar fibra a pueblos y polígonos industriales, bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables, el impulso a proyectos tractores 5G en sectores económicos, y el fortalecimiento de la ciberseguridad nacional.

¿Quién se beneficia y cómo? 

El despliegue masivo de banda ancha y 5G beneficiará tanto a ciudadanos como a empresas en todo el país. Se priorizan las zonas rurales y remotas donde no llegaba Internet rápido, corrigiendo fallos de mercado en la cobertura de redes ultrarrápidas. Por ejemplo, con fondos del PRTR se están financiando al 100% proyectos para dotar de fibra óptica a edificios y viviendas en municipios pequeños. “Buscamos una conectividad adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas”, explican desde el Ministerio.

 Asimismo, el Componente 15 incluye inversiones en ciberseguridad para reforzar las capacidades de empresas y ciudadanos, y proyectos para que España se convierta en nodo digital del sur de Europa, por ejemplo, atrayendo infraestructuras transfronterizas como cables submarinos de datos o centros de datos internacionales. La responsable de estos programas, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, ha subrayado en varias ocasiones que esta inversión transformará la economía: “La transformación digital será uno de los principales motores de crecimiento… la conectividad y el 5G son infraestructuras esenciales para modernizar sectores productivos y pymes”.

La inversión y el papel de Europa

El presupuesto de 15 mil millones de euros asignado al Componente 15 proviene en su mayoría de fondos europeos. Estos proyectos forman parte del NextGenerationEU, el gran plan de la UE para la recuperación tras la pandemia. De hecho, actuaciones como el programa ÚNICO-Banda Ancha o las ayudas a la cohesión digital están financiadas al 100% con fondos del Plan de Recuperación Next Generation EU. 

España recibió la aprobación de Bruselas para este componente en 2021 dentro de la Década Digital europea, asegurando hitos que deben cumplirse antes de 2026. Inicialmente, el grueso de las reformas legales (como la citada Ley de Telecomunicaciones o la hoja de ruta 5G) debía completarse en 2022-2023, mientras que las inversiones en infraestructuras se ejecutan progresivamente hasta 2026. Una adenda al plan, pactada con la Comisión Europea en 2023, incluso extendió algunos plazos de ejecución hasta junio de 2026 para garantizar la culminación de proyectos estratégicos.

Gracias a los esfuerzos combinados del sector público y privado, España parte con ventaja en este terreno. Ya en 2021, los expertos señalaban que el país disponía de “una importante red de banda ancha y de infraestructuras esenciales para el despliegue del 5G, tanto en ámbitos urbanos como rurales”. Hoy los datos confirman ese liderazgo: la cobertura de fibra óptica alcanza al 95% de los hogares españoles (86% en zonas rurales), muy por encima de la media europea en el campo (59%). Del mismo modo, las redes 5G ya cubren al 95% de la población, incluyendo a ocho de cada diez habitantes en áreas rurales. España se sitúa así entre los primeros países de Europa en conectividad, algo crucial para poder ofrecer servicios digitales avanzados (educación en línea, telemedicina, administración electrónica) en cualquier rincón del territorio. “España dispone de la segunda mayor cobertura de fibra de Europa”, destaca un informe del observatorio TendersTool, que atribuye estos avances en parte a la inversión pública sostenida en infraestructuras de telecomunicaciones.

Los contratos públicos y el papel de la Administración

La ejecución del Componente 15 ya se refleja en contratos y licitaciones públicas de gran calado en el sector telecom. Según la plataforma TendersTool (Adjudicaciones TIC), en 2024 las distintas Administraciones adjudicaron 837 millones de euros en unos 1.500 contratos de telecomunicaciones y ciberseguridad. Uno de los proyectos estrella es el macrocontrato CORA 3, que por primera vez unifica las comunicaciones y la seguridad de red de 85 organismos estatales. Con un importe cercano a 340 millones de euros, CORA 3 se ha convertido en “la mayor adjudicación pública en el sector” de las telecomunicaciones, según destaca TendersTool. 

La unión de Orange España y MásMóvil (MasOrange) resultó la gran ganadora de este concurso (llevándose los principales lotes), mientras que la empresa española Evolutio gestionará las redes troncales nacional e internacional. El contrato contempla desplegar redes privadas 5G, Internet de las Cosas (IoT) e incluso soluciones de inteligencia artificial para modernizar las comunicaciones del Estado. Esta apuesta refuerza el mercado tecnológico: “la adjudicación de CORA 3 duplica la inversión” pública en telecomunicaciones prevista para 2025, señala el informe, acelerando el ritmo de transformación digital en la administración.

España ante el reto digital de 2026

El Componente 15 del PRTR aspira a conectar España de punta a punta con redes de última generación, impulsando la economía digital y la cohesión territorial. Con el respaldo financiero de Europa (que aporta la mayor parte de los recursos), el Gobierno central (a través del Ministerio de Asuntos Económicos) coordina unos programas que van desde llevar fibra óptica a zonas remotas hasta fomentar el 5G en los corredores de transporte o crear bonos de Internet para pymes. 

Los analistas coinciden en que esta inversión tendrá un impacto duradero: “Con los fondos europeos todavía en ejecución, todo apunta a que la contratación pública de servicios digitales seguirá en expansión en los próximos años”, proyecta un reciente análisis sectorial. España, que ya ocupa los primeros puestos en conectividad, confía en que esta infraestructura digital universal se traduzca en mayor competitividad, más innovación y oportunidades para todos los ciudadanos, reduciendo brechas y situando al país a la vanguardia tecnológica de Europa.