El Gobierno lanzará una consulta para blindar las telecomunicaciones ante futuros apagones
El Ministerio para la Transformación Digital prepara una consulta pública con el fin de reforzar la resiliencia de las redes ante grandes catástrofes como el apagón del 28 de abril. La medida se anunció en Santander, en el encuentro de Ametic en la UIMP
El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, adelantó que el cuestionario se enviará a las operadoras para identificar obligaciones y soluciones técnicas: energía de respaldo en antenas, protocolos de emergencia y tiempos de recuperación del servicio. El objetivo es evitar el colapso en cadena que dejó sin cobertura móvil e internet en pocas horas durante el gran apagón de abril.
Las compañías ya trabajan en planes de contingencia (hojas de ruta internas para operar en crisis), pero persiste la incógnita sobre quién asumirá los costes de dotar de energía alternativa a miles de estaciones base. El debate se abre en un contexto de creciente exigencia regulatoria y de necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales.
Hernando también confirmó que España ha obtenido una prórroga hasta junio de 2026 para ejecutar los programas UNICO (ayudas europeas para desplegar fibra y 5G rural), con 1.100 millones en riesgo por baja ejecución; además, el 80% del plan nacional de ciberresiliencia ya está licitado, y el paquete digital de 4.000 millones debe completarse en 2026. Aunque España lidera en fibra en áreas rurales (86%), la cobertura 5G en la España despoblada sigue pendiente.
¿Se invierte lo suficiente en telecomunicaciones públicas en España?
El llamamiento del Gobierno para examinar la resiliencia de las redes, tras el apagón de abril, llega en un momento en que las administraciones ya están destinando recursos considerables a las telecomunicaciones. Según TendersTool (antes Adjudicaciones TIC), las adjudicaciones públicas acumuladas entre enero y agosto de 2025 muestran un ritmo de inversión creciente. La cuantía mensual prácticamente se duplicó entre enero y febrero y volvió a acelerarse en primavera; de los 13 millones iniciales pasó a casi 68 millones en junio, y el número de contratos mensuales superó el centenar durante la mayor parte del verano. Esto sin contar las contrataciones centralizadas de la DGRCC (Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación).
En el detalle de quién impulsa ese gasto destaca la diversidad de actores públicos implicados. La Dirección General de Tecnologías de la Información de la Generalitat Valenciana lidera las adjudicaciones totales, seguida por la Viceconsejería de Derechos Sociales y por el Consorcio Fernando de los Ríos, que gestiona proyectos de sociedad de la información. La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Digitalización, también figura entre los grandes licitadores. Es llamativo que, además de estos departamentos tecnológicos, entidades como RTVE o AENA (responsables de radiodifusión y aeropuertos) se encuentren entre los mayores contratantes, lo que refleja que la conectividad y los servicios digitales ya son infraestructuras básicas para áreas tan dispares como los medios públicos o el transporte.
¿Qué empresas se reparten los grandes contratos?
En cuanto a los adjudicatarios, la compañía con mayor volumen adjudicado es S2 Grupo, especializada en ciberseguridad. Por detrás aparece el operador histórico de telecomunicaciones y su filial de soluciones informáticas, seguidos por Tunstall Ibérica, que presta servicios de teleasistencia, y los gigantes tecnológicos Fujitsu y Vodafone. La mezcla de empresas de seguridad, teleasistencia, informática y operadores consolidados sugiere que la modernización de las redes públicas abarca desde la protección de infraestructuras críticas hasta la atención social y los servicios en la nube. La participación de actores variados y el aumento sostenido de la inversión pública anticipan un sector en expansión, en el que la resiliencia y la diversificación de proveedores serán tan importantes como el despliegue de nuevas infraestructuras.