¿Cuánto invierte la Administración española en modernizar su sanidad?

La Administración española destinó en 2024 más de 512 millones de euros a modernizar la sanidad pública. Las licitaciones buscan modernizar desde historias clínicas electrónicas y gestión de citas hasta telemedicina y ciberseguridad

El proceso de digitalización de la sanidad pública española no ha dejado de avanzar. Según datos de TendersTool (Adjudicaciones TIC) en 2024 las administraciones adjudicaron contratos por algo más de 512 millones de euros para tecnologías de la información aplicadas al ámbito sanitario. Se trata de licitaciones para instalar o mantener historias clínicas electrónicas, programas de gestión de citas, equipos de telemedicina o servicios de ciberseguridad. En los siete primeros meses de 2025 el volumen adjudicado ronda 244 millones, una cifra inferior a la del mismo periodo de 2024 (276 millones) y con menos contratos firmados (468 frente a 620).

Sin incluir las adjudicaciones centralizadas de la DGRCC (aproximadamente un 30% del total), en 2024 el gasto se repartió entre varios proveedores. Por orden alfabético: Fujitsu con 44,5 millones de euros en 16 licitaciones, Ilunion (empresa social del Grupo ONCE) con 30,8 millones en un solo contrato de emergencias, Seidor con más de 10 millones, Siemens Healthineers unos 17 millones en 11 contratos y  Sopra Steria 23,6 millones y Telefónica con 63 millones.

Actores principales este 2025

En 2025 el listado cambió. Satec, integrador tecnológico fundado en 1988 que hoy ofrece soluciones de consultoría, ciberseguridad e industria 4.0, lidera el ranking con unos 26,6 millones gracias a tres contratos importantes. La segunda posición recae en la UTE Accenture‑Ayesa, alianza entre dos multinacionales de consultoría. Accenture aparece en la lista Global 500 de Fortune y presta servicios de estrategia, tecnología y outsourcing con más de 730.000 empleados en 120 países. Ayesa es un proveedor de tecnología e ingeniería con 13.000 profesionales y presencia directa en 24 países; la adquisición de la consultora Ibermática en 2022 la situó entre las cinco grandes firmas de TIC españolas. Esta unión obtuvo alrededor de 24,5 millones en dos adjudicaciones.

¿Qué se financia?

El grueso del gasto público en TIC sanitarias se dirige a modernizar los sistemas de gestión. España cuenta con una historia clínica digital interoperable que cubre al 90% de la población. Buena parte de las licitaciones van destinadas a ampliar y mejorar estas plataformas, a renovar los servicios de citas en línea y a equipar hospitales con hardware y software actualizado. Las cifras de 2024 muestran picos en junio, octubre y diciembre, meses en los que se concentraron inversiones superiores a 55 millones de euros. En 2025 el mayor desembolso se produjo en mayo (54 millones) y marzo (42 millones), pero la tónica general es de descenso: el volumen adjudicado hasta julio es un 12% menor que en los siete primeros meses del año anterior.

Otro capítulo destacado son las herramientas de telemedicina. La pandemia popularizó las consultas telefónicas, pero la videomedicina avanza despacio: según el Barómetro Sanitario 2024, solo un 20% de los ciudadanos usó la teleconsulta con su médico y apenas el 0,2% lo hizo por videoconferencia, aunque la mitad de la población afirma que estaría dispuesta a utilizarla. La inversión pública busca mejorar esta situación dotando a centros de salud y hospitales de plataformas seguras y fáciles de usar.

Un contexto de envejecimiento y ciberataques

El envejecimiento de la población añade presión sobre el sistema. España cuenta con más de nueve millones de personas mayores de 65 años y alrededor de 1,5 millones de personas con algún grado de dependencia, lo que obliga a las administraciones a impulsar la teleasistencia y los dispositivos de seguimiento remoto. A esta realidad se suma un incremento de los riesgos de seguridad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó más de 83.500 incidentes en 2023, un 24% más que el año anterior, y detectó 183.000 sistemas vulnerables. Estas cifras explican por qué muchos contratos se enfocan en reforzar infraestructuras, en blindar la red sanitaria contra ataques y en cumplir con las exigencias europeas en protección de datos.

¿Quiénes son los protagonistas?

El ecosistema está dominado por grandes multinacionales y algunas compañías nacionales especializadas. Fujitsu, tercera firma mundial de servicios TIC, opera en España desde 1973 y cuenta con 1.800 empleados, ocho oficinas, dos centros de datos y tres centros de excelencia dedicados a la administración electrónica y la justicia. Indra y su filial Minsait son uno de los campeones europeos del sector: en 2024 facturaron 4,8 mil millones de euros y suman más de 60.000 empleados. Ilunion, por su parte, es un ejemplo de empresa social; forma parte del Grupo Social ONCE y demuestra que la contratación de personas con discapacidad es económicamente sostenible.

Entre los operadores internacionales destacan Sopra Steria, con 51.000 empleados y presencia en una treintena de países, y Seidor, consultora catalana especializada en inteligencia artificial y ciberseguridad que cuenta con 9.000 trabajadores.  Satec destaca por su experiencia en redes de telecomunicaciones y servicios de ciberseguridad. Versia, especialista en atención al cliente, se presenta como un socio para externalizar servicios de soporte. Finalmente, Inetum empresa de servicios digitales con 27.000 consultores y presencia en 19 países; en 2024 registró ventas de 2,4 mil millones de euros.

¿Quién adjudica los contratos?

Más allá de los proveedores, las cifras permiten ver qué administraciones lideran la transformación. En 2024 el Servicio Andaluz de Salud adjudicó contratos de tecnología sanitaria por 86 millones de euros, situándose como la comunidad autónoma que más recursos destinó a la modernización de sus hospitales y centros de salud. Le siguieron el Servicio Gallego de Salud (Sergas), con 53 millones, y La Consejería de Sanidad de Valencia, con 44 millones repartidos en 29 contratos. El Servicio Madrileño de Salud dedicó unos 33 millones, mientras que el Servicio Murciano de Salud superó los 24 millones. También destaca la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad, que a través de programas como la interoperabilidad de la historia clínica financió adjudicaciones por más de 20 millones. En conjunto, estos organismos autonómicos y estatales concentraron la mayor parte de los contratos licitados en 2024.

En los siete primeros meses de 2025 el protagonismo se mantiene en el sur: el Servicio Andaluz de Salud volvió a encabezar la lista con 40 millones adjudicados y 23 licitaciones. Sin embargo, otros territorios han ganado peso. El Servicio de Salud de Castilla‑La Mancha (SESCAM) destinó unos 37 millones a proyectos de digitalización, situándose como segundo licitador. La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León adjudicó más de 21 millones en 11 contratos, mientras que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias superó los 13 millones, al igual que el Servicio Cántabro de Salud. La Consejería de Sanidad de Valencia continúa en la lista con unos 13 millones, y el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha cerrado operaciones por cerca de 7 millones.

Balance y perspectivas

La digitalización de la sanidad avanza, pero lo hace a un ritmo irregular. Los datos de 2025 apuntan a una ralentización respecto al año anterior, aunque la inversión podría repuntar a medida que se ejecuten los proyectos financiados con fondos europeos. El envejecimiento de la población, la creciente dependencia y la necesidad de reforzar la ciberseguridad continuarán empujando a las administraciones a invertir en tecnología sanitaria. Al mismo tiempo, la baja utilización de la teleconsulta evidencia que, además de invertir en infraestructura, será necesario impulsar la formación de profesionales y pacientes para que estas herramientas cumplan su objetivo de acercar la atención médica.

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