Bruselas castiga a X con 120 millones
La Comisión Europea ha ejecutado la primera sanción bajo la Ley de Servicios Digitales: 120 millones de euros contra la red social X, propiedad de Elon Musk, por prácticas que vulneran la transparencia y engañan a los usuarios.
En una decisión anunciada el 5 de diciembre de 2025, la Comisión Europea impuso a X una multa sin precedentes al amparo del Digital Services Act. La investigación, iniciada en diciembre de 2023 y con conclusiones preliminares presentadas en julio de 2024, examinó si la plataforma incumplía obligaciones de diseño, publicidad y acceso a la información. El resultado es una sanción que no alcanza el límite máximo del 6% de la facturación global, pero que pretende ser disuasoria.
La infracción más notoria se refiere a la “marca de verificación azul”. La Comisión concluye que X permite comprar la insignia sin comprobar la identidad, lo que da apariencia de autenticidad a cualquier cuenta y expone a los usuarios a suplantaciones y fraudes. Este modelo, considerado un “diseño engañoso”, infringe la obligación de evitar patrones que induzcan a error en la plataforma.
Cambios para X en la UE
Otro incumplimiento se relaciona con el repositorio de anuncios. La DSA exige que las grandes plataformas dispongan de un archivo público donde se registren todas las campañas publicitarias, sus objetivos y los patrocinadores. X, según Bruselas, mantiene un sistema opaco: el archivo carece de información crucial y es difícilmente accesible, lo que impide a investigadores y sociedad civil detectar campañas engañosas, amenazas híbridas u operaciones de información. Por esta falta de transparencia, la Comisión ha asignado 35 millones de euros de la multa total.
El tercer reproche se dirige a la negativa a facilitar datos públicos a investigadores. Las condiciones de servicio de X prohíben el acceso independiente a sus datos, incluso mediante técnicas de scraping, y sus procedimientos internos imponen barreras adicionales, lo que impide estudios sobre riesgos sistémicos y cumplimiento normativo. Este comportamiento se sanciona con 40 millones de euros y obliga a la empresa a presentar en 90 días un plan de acción para corregirlo, además de modificar la gestión de la etiqueta azul en 60 días.
La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, defendió la equidad de la medida. En un comunicado, afirmó que engañar con distintivos de verificación, ocultar información publicitaria o excluir a investigadores “no tiene cabida en Internet en la UE” y subrayó que las reglas digitales se aplican a todas las empresas por igual, con independencia de su país de origen. Sin embargo, desde Estados Unidos surgieron críticas: el senador Marco Rubio calificó la sanción de ataque contra las empresas estadounidenses, el presidente de la FCC Brendan Carr denunció que Europa “grava a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por sus propias regulaciones” y el embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, señaló que las multas europeas afectan sobre todo a compañías de su país.
Herramientas para la transparencia en la contratación pública
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Gracias a esa base de datos, TendersTool elabora informes que aclaran la evolución del gasto público. El Mapa del Gasto TIC 2025 muestra que las administraciones españolas adjudicaron cerca de 4.000 millones de euros en tecnología entre enero y noviembre de 2025, con outsourcing, mantenimiento y telecomunicaciones como principales capítulos. Otros estudios citados por medios especializados indican que en los primeros cuatro meses de 2024 más de 2.000 entidades sacaron a concurso procesos por 3.816 millones y que el gasto público en tecnología cayó un 26% entre los primeros semestres de 2024 y 2025. Estos datos subrayan la relevancia de soluciones como TendersTool para impulsar la transparencia y ayudar a empresas e instituciones a adaptarse a un entorno digital cada vez más regulado.










