Así se reparten los millones de la ciberseguridad en España

La ciberseguridad pública mueve cifras récord y el último barómetro de TendersTool (Adjudicaciones TIC) lo muestra: El negocio de blindar lo público es cosa de pocos actores que acaparan millones y marcan el ritmo de la protección digital en España

La inversión pública en ciberseguridad sigue creciendo a buen ritmo. El último barómetro de contratación elaborado por TendersTool (Adjudicaciones TIC) muestra que la Administración ha redoblado su apuesta por blindar sus sistemas: los diez principales organismos ya superan los 137 millones en proyectos, mientras que los diez mayores proveedores rozan los 158 millones. Más allá de las cifras, el panorama refleja dos tendencias claras: el gasto se concentra en pocos actores y los proyectos son cada vez más ambiciosos y de mayor envergadura.

¿Quiénes son los 10 mayores licitadores?

Sin contar con datos centralizados de la DGRCC (Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación), los mayores licitadores son: El Ministerio de Defensa se mantiene a la cabeza con claridad: más de 41 millones repartidos en 35 contratos que reflejan hasta qué punto la ciberdefensa se ha convertido en una prioridad estratégica. Tras él aparece el INCIBE, con cerca de 23 millones invertidos en 17 adjudicaciones dirigidas a reforzar la prevención, las capacidades técnicas y la formación de talento. Cerrando el podio está la Agencia Digital de Andalucía, que supera los 15 millones en proyectos de modernización tecnológica e infraestructuras digitales.

El resto del Top 10 dibuja un patrón común: los servicios más críticos de la Administración son los que impulsan la inversión. La Gerencia Informática de la Seguridad Social destina unos 14 millones, Aena se mueve en torno a los 12, y la sociedad pública vasca EJIE alcanza los 10. A ellos se suman la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el Principado de Asturias, la gallega Amtega y Renfe, todos con cifras entre 4 y 6 millones. En conjunto, estos diez grandes compradores concentran aproximadamente la mitad de todo el gasto público en ciberseguridad del año.

¿Quiénes son los 10 mayores proveedores?

En el lado de los proveedores privados se repite la misma lógica: un puñado de compañías concentra más de la mitad de las adjudicaciones del año. En esa lista conviven grandes integradoras con alcance internacional, consultoras de primer nivel y firmas especializadas en ciberseguridad. Destacan Indra, que suma alrededor de 22 millones en 25 proyectos, y la unión temporal de empresas formada por Inetum y Solutia, que se adjudicó un contrato cercano a los 15 millones.

El retrato se completa con actores de perfil más puramente “ciber”. S21sec supera los 11 millones, S2 Grupo roza los 7, mientras que EY, Evolutio y Axians (Acuntia) se mueven en la franja de 5 a 6 millones. Cierran el Top 10 NTT y Fujitsu, en torno a los 4–5 millones cada una. Aunque la oferta se diversifica y gana especialización, los grandes contratos siguen cayendo en manos de pocos jugadores con capacidad para operar de forma continua y asumir proyectos de largo recorrido.

Más allá del ranking: tendencias de ciberseguridad en España

En muy poco tiempo la ciberseguridad ha pasado de ser un asunto casi invisible para convertirse en una prioridad estratégica. Hoy no solo crecen los servicios gestionados, también lo hacen los proyectos de detección temprana y respuesta ante incidentes, la modernización de redes y centros de datos y, sobre todo, la colaboración entre el sector público y el privado. Todo este movimiento ha generado un ecosistema cada vez más vivo, donde conviven la capacidad de las grandes compañías, la especialización de firmas más pequeñas y la cercanía de iniciativas locales. Una combinación que multiplica las posibilidades de proteger mejor los sistemas y de adaptarse con rapidez a nuevas amenazas.

En resumen, 2023 confirma que la Administración ha aprendido a invertir con más criterio, eligiendo bien dónde y cómo refuerza su seguridad digital. A la vez, el sector privado ha demostrado tener la capacidad y la especialización necesarias para responder a esa demanda creciente. La ciberseguridad pública ya no es un asunto técnico en segundo plano: se ha convertido en una infraestructura esencial, tan necesaria como la electricidad o el agua, porque de ella depende que millones de ciudadanos puedan usar cada día servicios digitales seguros y fiables.