Con un importe global cercano a los 340 millones de euros, el macrocontrato contrato CORA 3 constituye hasta la fecha la mayor adjudicación pública en España en el ámbito de las telecomunicaciones y la ciberseguridad. Coordinado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, centraliza servicios que antes estaban repartidos en múltiples convenios ministeriales: desde las comunicaciones de voz fija y móvil, pasando por el acceso a Internet y la interconexión de centros de datos, hasta la protección de las redes estatales. En él, MasOrange se ha asegurado los lotes principales, mientras que Telefónica y Evolutio se han hecho con los segmentos de red de datos nacional e internacional, respectivamente, y todas las propuestas se sustentan en tecnologías avanzadas como redes privadas 5G, IoT e inteligencia artificial para modernizar y robustecer la infraestructura crítica de la Administración central.
La iniciativa se enmarca en la tercera edición del denominado contrato de servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE), también conocido como CORA 3. En la licitación, que busca unificar las comunicaciones de más de 85 organismos públicos durante 45 meses, el presupuesto inicial superaba los 500 millones de euros. Según las informaciones publicadas por medios como Mobile World Live y Zonamovilidad.es, el contrato se estructura en cuatro lotes: un lote de red nacional multiservicio, uno de voz fija y móvil, otro de interconexión de centros de datos y ciberseguridad, y un último lote de red internacional. La centralización pretende generar economías de escala y precios ventajosos, fomentando además la modernización de la administración digital mediante soluciones de quinta generación, internet de las cosas e inteligencia artificial.
El reparto de los lotes
Orange se ha adjudicado los Lotes 2 y 3 del mayor contrato público de telecomunicaciones y ciberseguridad en España. El acuerdo, valorado inicialmente en 186 millones de euros (con posibilidad de superar los 200 millones con ampliaciones), dará servicio a más de 120 organismos de la Administración central.
La tercera edición de CORA supone un hito también por la magnitud de cada lote. La primera fase del contrato, licitada en 2015, se adjudicó por 165 millones de euros, y la segunda, en 2019, alcanzó los 223 millones; en ambas se impuso Telefónica. En la presente edición la cifra inicial de 505 millones se ha ajustado en la adjudicación definitiva a unos 340 millones. MasOrange, fruto de la fusión de Orange España y MásMóvil, se ha convertido en el mayor adjudicatario: logró los lotes 2 y 3. En marzo, Zonamovilidad señaló que el Lote 2, dedicado al suministro de voz fija y móvil, estaba valorado en 158 millones de euros, y el Lote 3, centrado en la interconexión de centros de datos y la ciberseguridad, en 103 millones. Sin embargo, tras aplicarse los descuentos en la adjudicación definitiva publicada a finales de julio, el portal Demócrata cifra el lote de voz fija y móvil en 102,09 millones y el de datos y ciberseguridad en 66,86 millones, lo que eleva el importe total adjudicado a MasOrange a casi 169 millones.
El Lote 2, concedido el 8 de julio, abarca comunicaciones de voz fija y móvil corporativa con gestión integral; el Lote 3, licitado en UTE junto a TRC y Mnemo, incluye acceso a Internet, interconexión de centros de datos y soluciones de ciberseguridad, también con gestión completa de los servicios. Con este contrato centralizado se unifican y modernizan los anteriores convenios de cada departamento ministerial, simplificando la infraestructura de voz y datos y optimizando costes.
La UTE formada por Orange, TRC y Mnemo para el Lote 3 aporta perfiles complementarios: TRC es una integradora española especializada en comunicaciones corporativas, y Mnemo es una firma nacional de ciberseguridad que también opera en América Latina. Su participación permitirá desplegar soluciones de monitorización, detección de intrusiones y respuesta ante incidentes, alineadas con las exigencias de la nueva directiva europea NIS2, cuya transposición al ordenamiento español se formalizó en julio de 2024. La colaboración público-privada busca reforzar la resiliencia de la administración y garantizar la soberanía del dato.
En los lotes restantes, Telefónica se adjudicó la parte correspondiente a la red de datos nacional por 109 millones de euros, mientras que Evolutio (antigua BT España) se hizo con el lote de red internacional por 61 millones de euros.
Telefónica, que venía gestionando gran parte de los servicios en las dos ediciones anteriores, seguirá siendo un actor clave al hacerse con el lote de red nacional multiservicio. En marzo se estimaba que este tramo tendría un valor de 152,15 millones, aunque la adjudicación final la sitúa en 109,14 millones. Evolutio, compañía surgida de la venta de BT España al fondo Portobello en 2020, gestionará de nuevo el lote internacional, encargándose de la red diplomática y consular, con un importe de 61,06 millones; en la licitación provisional se preveían 90,2 millones.
Proyecciones positivas para la inversión TIC
Según datos de la plataforma de seguimiento de adjudicaciones TendersTool, en el 2024 en España se adjudicaron 837 millones de euros en más de 1.500 contratos de telecomunicaciones y ciberseguridad (sin incluir las adjudicaciones de la DGRCC). En el primer semestre de 2025 la cifra era menos alentadora para la inversión en estos sectores, casi 200 millones de euros invertidos en 483 adjudicaciones, por lo que el contrato CORA 3 vendría a duplicar la cifra de inversión pública en ciberseguridad y telecomunicaciones.
Más allá de su tamaño, el macrocontrato se inscribe en un contexto de inversión pública en transformación digital marcado por altibajos. La plataforma TendersTool señala que la administración destinó 370 millones de euros a contratos de ciberseguridad entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo de 89 millones en 2022 y reduciéndose a 65 millones en 2023. En el primer semestre de 2025 se han registrado solo 59 contratos y 11 millones de euros, por lo que el cierre de CORA 3 multiplica por varias veces esa cifra. El gasto tiende, además, a concentrarse en contratos plurianuales de mayor importe medio, una evolución motivada por la transposición de la directiva NIS2 y por el próximo Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2030, que aspira a reforzar la protección de infraestructuras críticas y la colaboración públicoprivada.
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